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Es constante cómo oficiales del sistema penal día a día son tentados por los tentáculos de la corrupción. En este gobierno actual, ya se han contabilizado 23 agentes de seguridad que han sido dados de baja o están siendo sometidos a procesos administrativos e incluso penales por el ingreso de celulares e incluso droga a los centros penales.
En el 2022, 51 policías penitenciarios fueron detenidos de los más de 4.200 que conforman los cuerpos policiales penitenciarios, evidencia real del flagelo o la forma en que las organizaciones criminales seducen a los policías.
Diferentes actores y fundaciones de ayuda a privados de libertad han señalado que las medidas de contención y seguridad en los presidios brindan contingencia y controles a las familias de los privados de libertad, pero la estadística de policías corruptos demuestra que la corrupción dentro de las cárceles costarricenses y el descontrol del ingreso de funcionarios a los centros penales es una situación que la actual administración asegura que está tratando de erradicar.
A todo esto, se suman las denuncias por abusos que una gran parte de los más de 4000 oficiales tienen en el sistema penitenciario. La Sala Constitucional aceptó un recurso de hábeas corpus que fue presentado por un privado de libertad que fue víctima de uso desproporcionado de esposas y cacheo durante una intervención de la policía penitenciaria en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, en La Reforma, de San Rafael de Alajuela.
Ante este y otros casos, las investigaciones permanecen abiertas.
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