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El Tribunal de ética y Disciplina del Partido Liberación Nacional (PLN) ha decretado la expulsión del exalcalde de Heredia, José Manuel Ulate Avendaño, después de considerarlo responsable de “hechos, acciones u omisiones” que afectaron gravemente la ética del partido y la moral pública.
La medida se basa en una denuncia por violencia sexual contra una persona menor de edad, por la cual Ulate enfrenta cargos penales y está a la espera de un juicio.
La resolución OTED-098-2023, de la cual se tiene copia, establece que la expulsión definitiva de Ulate fue acordada de forma unánime por el Tribunal de ética el 8 de julio de 2023, y se le notificó el 10 de julio. Sin embargo, Ulate no emitió respuesta ni apelación, por lo que la decisión quedó en firme.
En abril de 2021, José Manuel Ulate fue arrestado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por sospechas de violación y privación de libertad agravada en perjuicio de una menor de edad. Los hechos investigados ocurrieron en 2019, cuando Ulate habría llevado a la ofendida a su casa bajo el pretexto de llenar unos documentos para un trabajo, momento en el que presuntamente se dio el abuso.
El Tribunal de ética del PLN recibió la denuncia contra el exalcalde, le remitió los cargos y lo llamó a audiencia, pero Ulate no respondió. El órgano partidario determinó que los hechos acusados eran contrarios a la ética del partido y a la moral pública, y afectaba negativamente los principios defendidos por el PLN
Esta situación afectó la imagen del partido y, tras seguir el debido proceso, la decisión de expulsar a José Manuel Ulate del PLN se hizo efectiva el 10 de julio de 2023, sin obtener respuesta ni apelación por parte del exalcalde.
Es importante destacar que José Manuel Ulate Avendaño ya había sido condenado a 4 años de cárcel a finales de junio por el delito de tráfico de influencias, junto a su abogada María Auxiliadora Alfaro Chacón. Este caso involucraba la influencia que ejerció Ulate sobre policías municipales para liberar al hermano de la abogada, tras una llamada de esta última al entonces alcalde. La condena incluyó el beneficio de ejecución condicional de la pena, y Ulate cumplirá su condena en arresto domiciliario.
La Procuraduría General de la República solicitó 5 millones de colones a cada uno de los imputados por el daño social derivado de los hechos delictivos, pero la condena impuesta fue de 2 millones de colones a cada uno, más las costas del proceso fijadas en 400,000 colones.
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