El Salvador aprueba reformas para incrementar penas a líderes de pandillas
•Se estima que actualmente hay más de 71,770 personas detenidas
•Internacionales Acontecer.co.cr
El Congreso de El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, aprobó una serie de reformas a la ley contra el crimen organizado que incrementan las penas para los líderes de las pandillas conocidas como maras, la medida busca fortalecer la lucha contra la delincuencia y reforzar el sistema judicial en el país, dicha sentencia máxima pasará de 45 a 60 años de prisión
Una de las principales reformas aprobadas establece la realización de procesos penales por grupo o célula de pandilla, en lugar de casos individuales. Esto permitirá agrupar a los detenidos en el contexto del régimen de excepción en estructuras delictivas, agilizando así el proceso judicial y evitando que los miembros de estas pandillas salgan en libertad de manera más rápida.
La medida fue aprobada con 67 votos a favor de un total de 84 parlamentarios. Sin embargo, algunos diputados de oposición manifestaron su preocupación por esta reforma, argumentando que podría representar un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que están esperando un proceso penal justo. Consideran que agrupar a los detenidos en estructuras de pandillas podría violar el debido proceso y perjudicar a personas inocentes.
A pesar de las críticas, la mayoría de los congresistas respaldaron la reforma como una medida para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y agilizar los procesos judiciales. Se espera que esta medida ayude a reducir la impunidad y garantizar una mayor eficiencia en la administración de justicia en el país.
El Salvador enfrenta un grave problema de violencia y crimen organizado, con altos índices de pandillas y delitos asociados. La aprobación de estas reformas es parte de los esfuerzos del gobierno por combatir la delincuencia y mejorar la seguridad en el país. Se estima que actualmente hay más de 71,770 personas detenidas y las denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción alcanzan al menos 5,490 víctimas directas.
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